Desde la Federación entendemos prioritario situar al daño cerebral adquirido en el centro de las políticas públicas sobre discapacidad, tanto por su presencia social, que lo eleva a problema de salud público de primer orden, como por las estimaciones de crecimiento de su incidencia y prevalencia para los próximos años.
Como primer paso en esta dirección, en la línea de lo demandado desde hace años por el CERMI, la Federación propone la creación en el Parlamento de Galicia de una Comisión Permanente y Legislativa para Personas con Discapacidad, encargada de analizar la situación del colectivo y de sus familias, formular propuestas y recomendaciones de mejora, así como hacer el seguimiento de las políticas públicas autonómicas de discapacidad.
Este instrumento permitiría dar a la discapacidad un status prioritario en la agenda política y legislativa, asegurando una atención focalizada y especializada en las necesidades y derechos del colectivo, así como fortalecer la cooperación del Parlamento con las entidades sociales del tercer sector, pudiendo participar estas en el diseño y evaluación de las políticas públicas sobre discapacidad.
En cuanto a los ejes de actuación de la agenda a impulsar en los próximos años, desde Dano Cerebral Galicia apuntamos a cuatro áreas prioritarias: financiación, atención sociosanitaria, políticas sociolaborales y derecho a la accesibilidad universal.
En el campo económico, defendemos un modelo de financiación estable y proporcionado a las necesidades del colectivo.
La aprobación a finales de 2023 del concierto social para la prestación de servicios sociales en Galicia puso fin a una situación de gran incertidumbre para el movimiento asociativo. Sin embargo, existen una serie de recursos igualmente imprescindibles para garantir la calidade¡ de vida de las personas con daño cerebral adquirido que no se encuentran bajo el paraugas del concierto social (como los servicios de rehabilitación multisdisciplinares; los servicios de orientación, información y apoyo a las familias; el servicio de orientación laboral y los servicios de ocio e inclusión; así como las líneas de actuación de la Federación centradas en la sensibilización, la capacitación y la investigación, entre otras).
Estos recursos son financiados, en buena medida, por el convenio nominativo, una fórmula que consideramos apropiada para la cooperación entre administración pública y entidades sociales, pero que es inestable y está infradotada.
Para evitar la amenaza constante a la viabilidad de los servicios prestados derivada del déficit presupuestario y de los vaivenes provocados por la coyuntura, desde el movimiento asociativo consideramos imprescindible la implantación de un modelo de financiación autonómico estable, que permita la continuidad plurianual en la atención y la planificación a largo plazo; y sustentable, de forma que responda proporcional y adecuadamente a la acción técnica desarrollada.
En el campo sociosanitario, defendemos la dotación de recursos y la ampliación de la cartera de servicios.
En primer lugar, demandamos la puesta en marcha del Proceso Asistencial Integrado (PAI) de Dano Cerebral Adquirido, aprobado en 2023, de forma integral y homogénea en todas las áreas sanitarias. Es necesaria la reestructuración de los servicios existentes y ampliación o dotación de nuevos recursos materiales, técnicos y humanos para que esta implantación se realice en el menor tiempo posible.
En segundo lugar, defendemos la necesidad de intensificar la estrategia de prevención a través de campañas de información y actividades formativas dirigidas al conjunto de la población y, especialmente, a los colectivos de riesgo (mayores de 55 anos, en caso de los ictus, y persoas jóvenes, en relación con los traumatismos craneoencefálicos causados por accidentes de tráfico). Identificamos dos niveles sobre los que resulta urgente poner el foco:
- La identificación de los síntomas de alarma. Según datos compartidos durante la presentación del documento de actualización del Plan de Asistencia ao Ictus en Galicia, una persoa tarda 254 minutos de media en llamar al 061 desde que es consciente de que pode tener un ictus (cifra que supone un aumento de 50 minutos respecto a los datos registrados en 2021).
- Divulgación de medidas de prevención sobre los factores de risco. Tal y como apunta la Organización Mundial del Ictus (WSO), el 90% de los ictus están asociados con factores de riesgo modificables, es decir, sobre los que se pode intervenir (presión arterial alta, fibrilación auricular, tabaquismo, inactividad física, diabetes, colesterol alto, consumo de tabaco y alcohol, etc).
En tercer lugar, entendemos fundamental ampliar los recursos para atención de personas en fase crónica mediante:
- La inclusión de pacientes con secuelas susceptibles de tratamiento rehabilitador domiciliario.
- La puesta en marcha de tratamiento rehabilitador intensivo en régimen ambulatorio para garantizar que las persoas que no requieran ingreso hospitalario reciban la intensidad de rehabilitación necesaria.
- La implantación de modelos de atención y cuidados sociosanitarios de proximidad ejecutados conjuntamente entre la administración pública y el tejido asociativo, que aseguren la equidad en el acceso a la atención terapéutica y social continuada en toda la geografía gallega y permitan que las personas con daño cerebral adquirido puedan manterse en su entorno.
- El aumento de la intensidad de los servicios de ayuda en el hogar y la mejora de la formación de su cuadro de profesionales para que desarrollen su trabajo de manera digna, eficiente y con calidad.
- La ampliación del PAI en aquellos aspectos necesarios para abarcar la especificidad que pueda existir en la atención al daño cerebral infantil.
En cuarto lugar, entendemos impresdindible el incremento de los servicios y recursos, tanto humanos como técnicos, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia para impulsar un modelo de atención a las personas con discapacidad que facilite su vida independiente y su mantenimiento en su entorno familiar y comunitario, previniendo la institucionalización no deseada.
En el campo sociolaboral, entendemos urgente solucionar la desigualdad en el acceso al empleo público de las personas con daño cerebral adquirido, derivada del incumplimiento del derecho a la accesibilidad cognitiva, y las carencias del Servizo Público de Emprego en la atención a las necesidades específicas del colectivo.
Por una parte, las personas con daño cerebral adquirido afrontan el acceso al empleo público desde una posición de desigualdad respecto a otras personas con discapacidad. Las personas con daño cerebral adquirido, que pueden tener secuelas cognitivas que afectan a habilidades fundamentales para un proceso de oposición, como la capacidad de concentración o la memoria, compiten con personas con discapacidad física, que no tienen las mismas dificultades
Por otro lado, las persoas con discapacidad, en general, y con daño cerebral adquirido, en particular, necesitan una orientación laboral especializada que no están recibiendo en el Servizo Público de Emprego, fundamentalmente debido a:
- El desconocimiento sobre la especificidad de las secuelas del daño cerebral adquirido, especialmente de aquellas que llamamos ‘invisibles’ (las emocionales, conductuales y cognitivas).
- La derivación rutinera a recursos de orientación laboral que, pese a contar con muchos años de recorrido, no tienen especialización en nuestra discapacidad. Es necesario tener en cuenta que la diversidad de secuelas en el daño cerebral adquirido y el distinto grado de gravidad según el caso abre un abanico de perfiles de personas usuarias y necesidades que requieren un abordaje individualizado.
Para solucionar estas deficiencias, desde Dano Cerebral Galicia consideramos fundamental aplicar, por lo menos, las siguientes medidas:
- La creación de una cuota específica de ‘discapacidad cognitiva’ en las ofertas de empleo público destinadas a discapacidad intelectual para las personas con daño cerebral adquirido que posean un certificado de discapacidad en el quen se reflejen secuelas cognitivas y/o intelectuales.
- La dotación de mayor apoyo y competencias a las entidades sociales no lucrativas del sector de la discapacidad para que se conviertan en colaboradoras estables y profesionalizadas del sistema autonómico de empleo. Esta consideración permitiría la coordinación y derivación de las personas del colectivo a aquellas entidades que, según sus necesidades, puedan ofrecerle unha atención especializada.
- La activación de itinerarios personalizados de inserción laboral, que comprendan orientación, acompañamiento, formación y contratos de trabajo dirigidos a personas desempleadas con discapacidad, en general, y con daño cerebral adquirido en particular.
- La capacitación y cualificación de la plantilla de personal del Servizo Público de Emprego y de los servicios sociales a través de formacións en materia de sensibilización y formación respecto de las capacidades y aptitudes que presentan las personas con discapacidad y la adaptación de los puestos de trabajo, así como sobre igualdad de oportunidades.
Reclamamos la garantía de la efectiva aplicación y ejercicio del derecho a la accesibilidad universal y la incorporación del mismo en todas las políticas, estrategias, programas y acciones gubernamentales del Ejecutivo gallego.
Para lograrlo, resulta urgente la aprobación y entrada en vigor del reglamento de desarrollo del código de accesibilidad que contenga todas las normas técnicas aplicables en la materia, conforme a la disposición final primera, de la Lei 10/2014, del 3 de deciembre, de accesibilidad de Galicia.
Igualmente, requerimos la puesta en marcha, tal y como recoge la misma Ley, del Plan gallego de accesibilidad, en cuyo diseño, aplicación y seguimiento deben participar las entidades sociales de discapacidad a través de su representación en el Consello Galego para a Promoción de Accesibilidade e a Supresión de Barreiras.
El desarrollo normativo debe tener en cuenta las contribuciones realizadas por la Comisión de Accesibilidad del CERMI-Galicia, así como, en nuestra opinión, prestar especial atención a dos cuestiones:
- Garantizar la efectiva accesibilidad universal en el acceso a los bienes y servicios de las administraciones públicas y a las relaciones de la ciudadanía con estas. Además de lo ya señalado en relación con el acceso al empleo público de las personas con daño cerebral adquirido, es prioritaria la garantía de la accesibilidad universal en el acceso electrónico a los servicios públicos e al desarrollo de la Administración electrónica, previniendo las discriminaciones derivadas de la brecha digital a través del diseño para todos y de los apoyos necesarios.
- Eliminar la concurrencia no competitiva para la adjudicación de ayudas públicas por ser una modalidad que agranda las desigualdades. Debido a que la concesión funciona por orden de llegada de solicitudes hasta el agotamiento del crédito presupuestario, se prima la rapidez sobre criterios de valoración que evalúen la necesidad de la persona solicitante de obtener la ayuda. Además, supone una discriminación para, por ejemplo, aquellas personas menos familiarizadas con la tramitación a través de la sede electrónica y/o que tengan que desplazarse hasta la sede física de la entidad convocante para la entrega de documentación; personas dependientes o con necesidades de apoyo que necesiten de terceras personas para realizar el proceso de solicitud; personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, etc. Es necesario recordar que bajo esta modalidad, como sucedió con el programa de mejora de la accesibilidad en viviendas de 2023, los fondos disponibles suelen agotarse el mismo día en el que abre la convocatoria.